En materia de cobertura de riesgos financieros cada vez es más habitual que las empresas presten mayor atención a cubrir la responsabilidad personal de sus directivos con el fin de proteger su patrimonio personal en caso de ser acusados de incumplimiento de los estatutos, violación de la normativa o comisión de una falta de gestión.
Por su parte, la protección del balance de la empresa es objeto de reflexiones que a menudo se basan en un mapa de riesgos definido por su intensidad y frecuencia.
Sin embargo, los riesgos relacionados con el fraude parecen estar claramente subestimados, dado el gran número de empresas que aún carecen de este tipo de seguro.
Para disipar cualquier confusión, nos referimos aquí principalmente a los riesgos de pérdidas financieras y gastos generados por todo tipo de malversación de activos cometida con o sin la connivencia de empleados, y derivada de robos, estafas, abusos de confianza, falsificaciones y/o falsificaciones documentales.
En lo que respecta al llamado «fraude interno», no es raro observar que estas malversaciones no son necesariamente obra de empleados notoriamente poco escrupulosos que trabajan en una filial lejana, sino más bien el resultado de aprovechar un fallo en los procedimientos internos, a veces descubierto por casualidad, por un empleado con antecedentes intachables pero que atraviesa dificultades financieras o una frustración profesional mal digerida.
En cuanto a los fraudes denominados «externos», la multitud de artículos de prensa publicados en los últimos veinte años sobre las estafas denominadas «fraude del CEO» o «Suplantación de Identidad» bastan sin duda para dar a conocer y medir la magnitud de la amenaza.
Por lo tanto, lo esencial es evaluar adecuadamente cuáles podrían ser los impactos directos e indirectos de un fraude de este tipo si su coste total tuviera que ser asumido íntegramente por la empresa. Más allá del riesgo financiero que representa la pérdida en sí (cuya cifra a menudo ha superado varias decenas de millones de euros) y las restricciones operativas asociadas a ella (gastos adicionales, pérdidas de explotación, sanciones, intereses de deuda, interrupción del suministro, aplazamiento de compras, etc.), existe un riesgo reputacional crítico que afecta directamente a la confianza que la empresa inspira en sus clientes, proveedores, acreedores, accionistas y empleados.
Además, hay un riesgo social y laboral, como ponen de manifiesto casos en los que empresas han despedido injustamente a empleados por negligencia —con frecuencia por una formación insuficiente en detección y prevención del fraude— o, en supuestos más graves, han quedado abocadas a la insolvencia tras el agotamiento total de sus reservas en manos de defraudadores.
Por último, sigue acechando en la sombra un riesgo cuya omnipresencia a veces hace que se olvide su existencia: la imputación de responsabilidad a los órganos de dirección, que se supone que no deben exponer los intereses de la empresa a riesgos anormales. En efecto, de acuerdo con el adagio «gobernar es prever», corresponde a los directivos de la empresa velar por prevenir o, en su caso, reducir al máximo el impacto de un riesgo que pueda amenazar la continuidad de la empresa.
Sin embargo, existen soluciones de seguro específicas para la protección contra el fraude. A modo de recordatorio, las pólizas de daños no cubren los robos sin allanamiento ni violencia. Del mismo modo, las pólizas cibernéticas no garantizan los fraudes basados en técnicas de suplantación de identidad que utilizan ingeniería social y no un ataque digital.
Solo los seguros específicos contra el fraude permiten transferir todo o parte de este riesgo y beneficiarse de la eficaz experiencia de aseguradoras expertas y con trayectoria, en un momento en el que los «deep fakes» (videoconferencias falsas generadas por IA) y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la manipulación de imágenes o voces hacen temer lo peor para los próximos años.
Corresponde a los directivos de la empresa decidir si desean protegerla contra esta amenaza, teniendo muy presente que, si no lo hacen, tarde o temprano la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre su propio patrimonio.
